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Archive for 29 junio 2013

El 15 de octubre del 2012 se promulgó la Ley Nº 300 “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” que tiene por objeto: establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el vivir bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación.

Esta ley marco, elaborada por los movimientos sociales, principalmente indígenas originarios campesinos y representantes de diferentes sectores urbanos y rurales del país a través de talleres organizados por la Asamblea legislativa plurinacional (gestión 2012), la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en el que el centro universitario AGRUCO de la UMSS participo activamente, consideramos que es el mayor esfuerzo y logro concreto en cuanto a políticas públicas se refiere, ante las corrientes extractivistas y contrarias a los derechos de la madre tierra (definidas en la ley 071 denominada justamente como Ley de derechos de la madre tierra).

La Ley tiene alcance a todos los sectores del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y de las entidades territoriales autónomas en el Marco de las competencias asignadas en la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y la Ley Nº 071 de Derechos de la Madre Tierra y se constituye en Ley Marco y de preferente aplicación para el desarrollo de leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos.

Cabe destacar en la ley marco, la consideración como uno de los 17 principios, el diálogo de saberes que asume la complementariedad entre los saberes y conocimientos tradicionales y/o ancestrales y las ciencias. Esto implica de por sí, el reconocimiento pleno de las sabidurías de las naciones indígenas originarias para garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la madre tierra, pero también la urgente necesidad de apertura de la ciencia occidental moderna de origen eurocéntrico, que es la que se imparten en nuestras universidades, casi hegemónicamente en todas las disciplinas científicas y áreas del conocimiento. En la UMSS creemos que se han dado pasos sustantivos que deberán ser incluidos en el debate y análisis de fondo en el congreso universitario, que consideramos es una urgente necesidad de vida o muerte.

La Ley Marco de la Madre Tierra es el contexto jurídico pertinente para la consecución de los objetivos y resultados del Programa Nacional BIOCULTURA en la perspectiva de promover condiciones sociales, económicas, normativas e institucionales adecuadas, que posibiliten la implementación de sistemas, modelos e iniciativas endógenas integrales y sostenibles, a través de la construcción o actualización de políticas públicas, en el marco de un dialogo Inter científico y los saberes locales.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA) está trabajando activamente en la implementación del Programa Nacional Biocultura (PNB) que cuenta con cuatro líneas de vinculadas al concepto y práctica del vivir bien a través de la conservación de la biodiversidad, la generación de espacios de gobernabilidad, la recuperación de saberes ancestrales y la seguridad con soberanía alimentaria – producción, que contribuyen de dotar de una concepción holística de los recursos naturales que provee la madre tierra. En este contexto, el PNB ha asumido la responsabilidad de apoyar el proceso de análisis, concertación y aprobación de la Ley de la madre tierra y el desarrollo integral como interface para vivir bien, así como su posterior difusión. La Unidad de Monitoreo y evaluación del PNB es realizada por la UMSS y la UMSA a través del Centro Universitario AGRUCO, el Centro de Postgrado en desarrollo (CIDES) y el Instituto de Ecología, en 32 municipios del país en forma directa y 18 más en forma indirecta con la ejecución de proyecto endógenos bioculturales, donde se destaca la elaboración de una línea base de indicadores del vivir bien que surgen desde los actores locales y se complementan con los objetivos del milenio de las Naciones Unidas.

El PNB es la primera experiencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que lleva el discurso del vivir bien y de la madre tierra a la gestión pública y la ejecución de proyectos en una red muy amplia de organizaciones indígenas campesinas originarias, municipios, ONGs, universidades (con proyectos de investigación y formación), con financiamiento de la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo (COSUDE) y bajo la dirección del MMAYA.

El apoyo del PNB al proceso de análisis y difusión de la ley y reglamentación de la madre tierra y el desarrollo integral para vivir bien, es un trabajo conjunto con otras instituciones como la Secretaria de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, que se ha iniciado a fines de abril del presente.

Actualmente se está trabajando en la reglamentación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra que se constituye como una entidad estratégica y autárquica de derecho público y con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del MMAYA cuyo funcionamiento será establecido por decreto supremo. Actúa en el marco de la política y plan plurinacional de cambio climático para vivir bien con enfoque transversal e intersectorial, es responsable de la formulación de políticas, planificación, gestión técnica, elaboración y ejecución de estrategias, planes, programa y proyectos, administración y transferencia de recursos financieros relacionados con los procesos y dinámicas del cambio climático.

Estos espacios de análisis, discusión y concertación de políticas, programas y proyectos deben permitir a la universidad pública y en particular a nuestra universidad y comunidad san simoniana ampliar el trabajo con las diferentes instancias del Estado y de la sociedad boliviana, actualizando permanentemente nuestros programas de formación de pregrado, postgrado, investigación e interacción social, donde los centros de investigación y postgrado juegan un rol fundamental.

· Freddy Delgado Burgoa Ph.D.
Director ejecutivo AGRUCO (UMSS-FCAPFyV-COSUDE)
www.agruco.org

Fuente: Ecoportal.net
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Jun 25, 2013 Por: Fundación Anide

El adolescente mapuche Gabriel Valenzuela Montoya se encuentra en huelga de hambre desde el 13 de mayo en el Centro de Régimen Cerrado del Sename en Chol Chol, región de la Araucanía. A la baja de peso que ha sufrido durante este período se suman los dolores, náuseas y taquicardias que obligaron a trasladarlo al hospital de Nueva Imperial el día en que cumplía un mes de ayuno. De vuelta en el centro de reclusión permanece internado en la enfermería; ha limitado sus movimientos diarios y se mantiene sólo ingiriendo líquidos.

Pero a pesar de su deterioro físico, mantiene su decisión de no aceptar alimentos hasta lograr que los organismos correspondientes accedan a sus requerimientos.

Gabriel dio inicio a este ayuno, según señaló, “ante la nula intención del Estado chileno y su justicia de dar respuesta a mis demandas como prisionero político mapuche”, demandas referidas en ese momento a “la falta de transparencia en el proceso judicial, en el cual la fiscalía ha actuado de manera tal de prolongar el encierro, sin dar cierre a la investigación”. Hoy, cuando ese “encierro” se acerca ya a los diez meses, exige ser trasladado al módulo de comuneros de la cárcel de Angol.

En un comunicado difundido el miércoles 19 de junio, expresa las razones para esta demanda: “Desde esta cárcel de menores de Chol Chol, pido a todas las personas e instituciones que entiendan mi necesidad de estar cerca de mi tierra, de mi comunidad, de mi familia, como joven mapuche, mantener estas relaciones a diario son parte de nuestra sangre, de la educación entregada por nuestros abuelos. Si bien en esta cárcel de menores hay jóvenes de mi edad, debo reconocer que son jóvenes de realidades y necesidades distintas, que no tenemos nada más en común que la edad. Yo necesito seguir fortaleciendo mi identidad, necesito conversar cada mañana con algún peñi sobre mis pewma (sueños), conversar sobre nuestros procesos, conocer más de nuestra historia territorial, familiar. Y acá, a más de tres horas de viaje, en otro territorio, una vez por semana, es imposible”.

El adolescente está imputado como coautor de los hechos que derivaron en la muerte del parcelero Héctor Gallardo, ocurrido en San Ramón, comuna de Ercilla, el 1 de septiembre de 2012. Otros dos jóvenes mapuche imputados en la misma causa, Luis Marileo y Leonardo Quijón, se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Angol, el mismo penal al que pide su traslado Gabriel.

El período inicialmente fijado para la investigación de esta causa era de cuatro meses, pero la preparación del juicio sólo comenzó el 11 de abril y se detuvo en esa misma jornada, permaneciendo congelada desde entonces debido a una nueva maniobra de la fiscalía. En esa ocasión el fiscal Luis Chamorro se negó a obedecer la resolución del juez Claudio Campos que, a pedido de la defensa, le obligaba a dar a conocer dos oficios referidos a medidas de protección de testigos, e interpuso un recurso que fue rechazado por la Corte de Temuco.

El 28 de mayo la fiscalía apeló de este dictamen con lo cual la situación ahora deberá ser resuelta por la Corte Suprema en fecha que aún no ha sido precisada. Mientras tanto los imputados seguirán recluidos con lo cual, sin haber sido condenados, se acercan ya a cumplir diez meses tras las rejas.
Al igual que los otros dos imputados, Gabriel ha venido reiterando su inocencia en los hechos que se le imputan y adjudica su situación a la persecución que el fiscal Chamorro realiza contra la comunidad Wente Winkul Mapu, a la que pertenece, por sus reivindicaciones territoriales.
También relaciona su caso con el testimonio contra el fiscal que prestó ante la Corte de Temuco tras una violenta incursión policial a su comunidad en junio de 2012, durante la cual recibió un disparo de escopeta en la espalda y varios miembros de su familia sufrieron graves lesiones, entre ellos dos niños y su abuelo, el Kimche (hombre sabio) Venancio Montoya.

En uno de sus comunicados recientes reiteró que “lo que está sucediendo a todos los peñi y lamngen son persecuciones políticas, como resultado de nuestra lucha por nuestros derechos y demandas territoriales pero que el Estado con su sistema de represión responde encarcelándolos, violando los derechos de la infancia, de mujeres, en general, violando los derechos humanos a través de maltratos físicos y psicológicos y sus innumerables montajes absurdos que lo único que logran es alejarnos de nuestras familias y de nuestro territorio. Territorio que ancestralmente ha sido nuestro, el que nos ha permitido vivir y fortalecernos como pueblo. No pedimos nada que no nos pertenezca por derecho, por historia”.

Su defensa solicitó en mayo pasado que se le cambiara la reclusión preventiva por la media cautelar de arresto domiciliario, pero el Juzgado de Garantía lo denegó con el argumento de que no existían nuevos antecedentes que validaran la petición. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la resolución agregando que existía el peligro de fuga, según señala la vocera de Gabriel, Tamara Manosalva. Añade que sólo han logrado que reciba visitas martes, jueves y sábado por una hora, pero su familia está pidiendo que pueda ser visitado a diario en consideración a su estado de salud.

La vocera informa también que la Iglesia y el Instituto Nacional de Derechos humanos están realizando gestiones orientadas a lograr una solución para esta situación que cada día que pasa adquiere contornos más dramáticos.

Atendidas las circunstancias, el tiempo transcurrido y la necesidad de que se haga justicia, resulta urgente que se aceleren los pasos procedimentales, que la Corte Suprema destrabe la situación dictando una resolución respecto del recurso de la fiscalía que mantiene detenida la causa, que se reanude la preparación del juicio oral y se dicte la sentencia que ponga fin al largo paréntesis que, sin probar que son culpables, mantiene desde hace demasiado tiempo en prisión a un adolescente y dos jóvenes mapuche.
—–

Nota: PaisMapuche.org no tiene relación alguna, ni conoce a las personas de la fundación Anide. Sólo se recoge el texto por meras razones informativas.

Fuente: País mapuche
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Es una ventosa y fría mañana de verano en la escuela fiscal Atahualpa, en la comunidad indígena de Tigua, en Cotopaxi. Una docena de niños del pueblo Kichwa Panzaleo corretean en el patio polvoriento. De pronto, dos niñas: Ana y Daysi, ambas de 7 años, se empujan. Ricardo Chaluisa, director de la escuela, interviene y ordena que los niños hagan un círculo. Coloca a las dos niñas en el centro y les pide que den explicaciones.
Luego de escuchar a las pequeñas, el director hace que Ana y Daysi se tomen de las manos y se pidan disculpas, mientras les habla sobre el respeto para una buena convivencia.

Este tipo de prácticas, dice el líder comunitario, sirven para involucrar a los niños en los conceptos de la justicia indígena.

Para Chaluisa ancestralmente las “desarmonías” al interior de una comunidad indígena han sido resueltas inmediatamente, de forma transparente, con la participación de todos, y respetando su costumbre, es decir, la willachina (denuncia en kichwa); tapuykuna (investigación); chimparurana (juicio); llakichina (sentencia); y pactachina (ejecución).

A Chaluisa, quien fue durante el 2010 presidente de la comunidad indígena de La Cocha, en la parroquia Zumbahua (Cotopaxi), le tocó en ese entonces sancionar, entre otros casos, a cinco jóvenes por el asesinato del comunero Marco Olivo.

En este caso de justicia indígena, uno de los puntos que generó conflicto fue la aplicación del ritual de limpieza que se hizo con el baño, la ortiga y los azotes. “Mientras que para unos es un castigo, para nosotros es únicamente una práctica tradicional de sanación”, afirma Chaluisa.

Para esta comunidad indígena, la sentencia se enmarcó dentro del artículo 171 de la Constitución que reconoce la aplicación de la justicia indígena para la solución de conflictos internos que se den en sus territorios. Para los miembros de los pueblos indígenas, todo hecho que perturbe la armonía en sus comunidades, incluidos los asesinatos, son casos que debe atender la justicia indígena.

Según Guillermo Churuchumbi, presidente de la Confederación del pueblo Kichwa Kayambi, que habita en los límites de las provincias de Pichincha e Imbabura, el reconocimiento de la justicia indígena en la Constitución del 2008 no es un “regalo”, sino la “reivindicación” de ancestrales y múltiples formas de impartir justicia entre las 14 nacionalidades y 18 pueblos originarios reconocidos por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe).

El líder del pueblo Kayambi explica que la justicia indígena no diferencia entre casos menores (robo, chismes, abigeato) o delitos mayores (violación, asesinato u homicidios). Afirma que su justicia interviene, a través de sus líderes comunitarios, sus ancianos considerados sabios y la asamblea pública, en todos los casos, recalca, para devolver el equilibrio social.

Justamente, “el sentido del ámbito de aplicación de la justicia indígena, y cualquier otro aspecto vinculado”, es lo que ha pedido el Consejo de la Judicatura (CJ) sea clarificado por la Corte Constitucional (CC). Gustavo Jalkh, titular de la CJ, envió el pasado 28 de mayo una carta a la CC en la que solicita la interpretación de la expresión “solución de conflictos internos”, que hace parte del artículo 171 de la Constitución. La CC no tiene un plazo específico para realizar esta interpretación.

Aunque no hay registros globales de los casos sometidos a la justicia indígena, la Fiscalía General recopila algunos de estos hechos, incluidos los que se denuncian en las doce provincias donde hay una Fiscalía de Asuntos Indígenas. En estas dependencias ingresaron, en el 2011, 778 denuncias; en el 2012, 867; y entre enero y mayo del 2013, 445. De esos totales, solo 80 casos del 2011 pasaron a instrucción fiscal; en el 2012 fueron 57; mientras que en ese periodo del 2013 pasaron 31. En dos años y cinco meses, un total de 812 casos han sido desestimados y solo 63 han sido sentenciados.

En el mundo indígena, la recuperación de la armonía espiritual del culpable es prioritaria para una justicia que no cree en cárceles, ya que tiene como uno de sus principios la libertad. Consideran que el acusado ha sido afectado por malos espíritus, y para lograr que se alejen, se aplica un ritual de sanación que incluye al agua (purificación); los azotes (escarmiento); la ortiga (restablecimiento de energías); y el humo (armonía).

“Una vez purificado su espíritu debe empezar su reinserción social a través del trabajo comunitario. Pese a la sanción económica y el castigo corporal, el sancionado debe entender que la comunidad jamás lo abandonará”, aclara Juan Anrango, presidente del pueblo Kichwa Karanki, en Imbabura.

A decir de Churuchumbi, la reparación material que se le debe hacer a la víctima (indemnización económica) y a la comunidad (trabajo comunitario) también es importante, pero no es lo central. Explica que la multa económica no se da con la idea de que con dinero se soluciona el problema, sino que esa sanción permite alcanzar la sanación en otro tipo de áreas, por ejemplo, la psicológica, en el caso de una violación. En las compensaciones por asesinato, el dinero va para los familiares.

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, afirma que, a diferencia de la justicia ordinaria, en el mundo indígena no existe un procedimiento unificado para procesar los casos. Sostiene que cada una de las comunidades indígenas resuelven sus “desarmonías sociales” de acuerdo con su cosmovisión, a su realidad económica, territorial, etcétera.

Esas diferencias en la forma de juzgamiento y sentencia se han hecho evidentes no solo en la parte económica, donde asesinatos han recibido diferentes multas, sino también en la forma de manejar los procesos, por ejemplo en casos de violación. Para este delito, el procedimiento implica lo que en la justicia ordinaria del país se considera revictimizar a la afectada colocándola frente al agresor en la audiencia de juzgamiento.

Churuchumbi explica que esa no es un práctica de todos los líderes comunitarios. Cree que es un error utilizarla, pero que eso depende del análisis que cada asamblea o cabildo comunitario haga de la situación. En mayo pasado, Churuchumbi resolvió un hecho de violación que se dio en territorio Kayambi y, cuenta, no integró al juzgamiento a la adolescente afectada precisamente para no revictimizarla.

Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, reconoce que, por falta de conocimiento en algunos líderes, especialmente jóvenes, han existido errores en la aplicación de la justicia indígena, pero cree que ninguno de ellos puede restarle validez a una justicia que mantiene las sanciones públicas a modo de lección y de prevención.

Churuchumbi, Cachimuel y Pérez coinciden en que la migración desde sus comunidades hacia las ciudades grandes del Ecuador e incluso a otros países, ha influenciado en los casos que ahora debe resolver la justicia indígena. Según los consultados, a los habituales conflictos por cuatrerismo, problemas de tierras, chismes o adulterio (considerado aquí una especie de delito), en los últimos años se han sumado casos de violación, asesinatos y narcotráfico.

Fuente. El Universo
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Fotografía: Feliciana acudió al cementerio como solía hacer desde hace dos meses. Saludó a los familiares de otras víctimas, colgó su morral a un árbol, se quitó los zapatos y empezó a excavar. Ese mismo día, en la ciudad de Guatemala, se hacía pública la suspensión del juicio por genocidio. Feliciana no se enteró, ella sigue excavando.

Feliciana Bernal Chávez tiene 62 años y vive en Acul, aldea de Nebaj, escenario de una de las 97 masacres cometidas por el ejército de Guatemala en el área Ixil durante el conflicto armado interno, según el Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica –REMHI-.
Entre finales del 1981 y principios del 1982, después de una fase intensiva de masacres en el área de Nebaj, se produjo un desplazamiento masivo de población civil hacia el norte del municipio: en la montaña, cientos de personas buscaron refugio y amparo, huyendo de los bombardeos y las matanzas. La falta de alimentos, las condiciones inhumanas de sobrevivencia y la persecución del ejército diezmaron a la población: los primeros en morir fueron los más vulnerables: niños y ancianos.

En estas circunstancias, Feliciana perdió a su hijo Diego, muerto a la edad de un año por “susto” y desnutrición. Como otros vecinos de la zona, fue a enterrar al pequeño en un cementerio clandestino, al lado de la aldea de Xe’xuxcap, a una hora de Acul, caminando.
Después de 30 años, a finales de febrero 2013, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala –FAFG– emprendió un trabajo de exhumaciones en este sitio, despertando la esperanza de Feliciana de poder recuperar los restos de su hijo y dignificar su memoria.
Con infinita paciencia y energía, armada con pico y pala, hizo lo que siempre se acostumbró a hacer en su vida: confiar en sus fuerzas y en las de sus compañeros, indiferente a los rumores que llegaban de la capital, según los cuales el juicio por genocidio a su gente se iba a suspender por saber cual razón, después de tantas esperanzas.
En el cementerio clandestino de Xe’xucap, solamente los antropólogos forenses de la capital estaban comentando con frustración las noticias provenientes del tribunal, les indignaba que el proceso se suspendiera de forma tan abrupta.
Las mujeres y hombres ixiles, en cambio, seguían excavando la tierra sin enterarse de que están en el centro de la discusión. Ellos siguen al margen del Estado, al margen de un proceso de paz, al margen de un plan de resarcimiento que cuantifica económicamente las muertes, sin importar los traumas de los sobrevivientes.
Cada una de las personas que vivieron aquellos tiempos sólo espera dar un entierro digno a sus familiares, quitarles de encima, junto a la tierra de las fosas, el triste lienzo de olvido que, por el momento, sigue intacto.

Fuente. Plazapublica.com
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Iniciativa recibe dictamen favorable para normar la autoridad local

La normativa indígena establece que el alcalde es el encargado de buscar consensos para determinar qué castigo se aplicará.

Una iniciativa que permitirá a los pueblos y comunidades indígenas ejercer su propio sistema jurídico recibió dictamen favorable en el Congreso de la República, más de 4 años después de que fue presentada por un grupo de legisladores el 21 de octubre de 2008.
La iniciativa plantea que el ámbito de aplicación será todo el país e incluye a personas nacionales y extranjeras. Establece como potestad legal de las autoridades indígenas el administrar justicia en todos los ámbitos del derecho según “el conjunto de principios, valores, usos y costumbres que desarrollan los pueblos indígenas en el marco de su organización social”.
Detalle de l dictamen
La propuesta de ley define el Derecho Consuetudinario como: “El sistema jurídico indígena que constituye el conjunto de valores, principios, normas, autoridades, instituciones y procedimientos que se observan en la aplicación de justicia.
Se trata, además, de una instancia única, ya que contra las decisiones que emitan las autoridades indígenas solo cabe la acción constitucional de amparo y, si surge conflicto de competencia con el derecho ordinario, prevalecerá la jurisdicción indígena.
“La iniciativa deja a los pueblos indígenas la potestad de actuar según sus propias autoridades con respeto a sus costumbres y tradiciones para solucionar controversias que surjan en la comunidad”, explica el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Carlos Mejía, y diputado por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
“Estamos identificados con las cuestiones culturales y es indispensable que el dictamen avance en el pleno para su aprobación”, afirma la congresista Mirza Arreaga, ponente de la iniciativa e integrante del bloque Libertad Democrática Renovada (Líder).
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que se debe tomar en consideración el derecho consuetudinario de los pueblos a conservar sus costumbres e instituciones propias.

Fotos

Noticias Sigloxxi Guatemala

  • Dan respaldo a justicia indígenaLa normativa indígena establece que el alcalde es el encargado de buscar consensos para determinar qué castigo se aplicará.

Así lo dijo

Noticias Sigloxxi Guatemala

  • “La iniciativa deja a los pueblos indígenas la potestad de actuar según sus propias autoridades, con respeto a sus costumbres y tradiciones para solucionar controversias que surjan en la comunidad”.— Carlos Mejìa, Presidente de la Comisión

Recuadros

  • “Paso importante” Álvaro Pop, experto independiente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, expuso que, de aprobarse esta ley, Guatemala se coloca en la vanguardia de América Latina en cuanto al reconocimiento de la jurisdicción indígena.
    En otros países como Nicaragua lo que existe son reconocimientos de autonomía territorial. “La Comisión dio un paso importante que habría que respaldar de cara a la celebración el 9 de agosto (Día de los Pueblos Originarios)”, agrega.
    En el caso de Nicaragua, en septiembre de 1987 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Autonomía que divide el departamento de Zelaya en dos regiones autónomas gobernadas por Consejos Regionales. Cada Consejo tiene su presidente y directiva con representación de todas las etnias de la región. En 2014 se llevará a cabo la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas.

Fuente: http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/06/22/dan-respaldo-justicia-indigena
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Miles de personas, encabezadas por el presidente Evo Morales, recibieron en Bolivia el año 5521 del calendario aymara, en coincidencia con el solsticio del invierno austral, con un rito en la ciudadela andina de Tiwanaku (noroeste), similar a otros registrados en 200 puntos del país.

Con los brazos en alto y las palmas abiertas hacia el cielo, en temperaturas bajo cero, miles de bolivianos, no únicamente indígenas, recibieron los primeros rayos del sol (Tata Inti, en aymara) en Tiwanaku, y también en el Salar de Uyuni (suroeste), donde se levantó un centro ceremonial andino.
La imagen se repitió en Samaipata (este), donde se erigen unas ruinas arqueológicas de origen amazónico que denotan la presencia de la cultura Inca, la cual dominó parte de los actuales territorios de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador.

Morales encabezó los actos en el centro ceremonial de Tiwanaku, a 4.000 metros de altitud, donde se encuentran importantes construcciones líticas como Kalasasaya, la pirámide de Akapana, el templete de Puma Punku y la afamada Puerta del Sol, trabajada en una sola pieza de piedra andesita.
La ceremonia es “una forma de descolonizarnos religiosamente”, puesto que “el pueblo tiene como dos religiones: algunos son católicos o evangélicos, pero también originarios porque hacen ritos”, al Tata Inti (padre Sol) y a la Pachamama (madre Tierra), dijo Morales a periodistas en una breve declaración.

INICIO DE NUEVO CICLO AGRÍCOLA
El solsticio de invierno es visto por los indígenas como el inicio de un nuevo ciclo agrícola y, consecuentemente, como un nuevo año, en este caso el 5521.

El cálculo del año 5521 resulta de la suma de los cinco ciclos -cada uno de mil años- de historia social de los pueblos originarios hasta que Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Esos 5000 años más los 521 desde el arribo de los españoles, dan los 5521, según la interpretación popular de los indígenas.

El presidente Morales, de origen aymara, declaró en 2009 feriado nacional el 21 de junio de cada año.
Tiwanaku (o Tiahuanaco) es una de las culturas más antiguas de América del Sur, con 15 siglos y medio de duración, desde el 400 a.C. al 1172 d.C..

Como todos los años, una muchedumbre, entre ellos muchos turistas, llegó al templete descubierto de Kalasasaya en pos de la energía astral, mientras ‘mesas’ y ‘khoas’ (tributos al sol) ardían en una gran pira, en un ambiente de misticismo, cargado de ritos y simbologías ancestrales.

“Estamos aprendiendo muchas cosas de la madre Tierra con una energía muy fuerte”, dijo a la AFP Katharina, una joven turista alemana, que habló en español.

“Para nosotros es un festival que tiene mucha importancia, porque la gente está celebrando algo que es muy importante: el sol”, acotó su acompañante, Ansgar, también alemán, que no quería perderse ningún episodio de la ceremonia.

Al igual que en Tiwanaku, en la isla de Jhitiska, en el Salar de Uyuni, recibieron al sol ‘kallaguayas’ (chamanes), ‘achachilas’ y ‘amautas’ (sabios indígenas), maestros yogas y cientos de aymaras y quechuas, además de un puñado de turistas, en su mayoría europeos.

La ceremonia en el Salar de Uyuni, la pastilla salina más grande del continente, sirvió además para promocionar el lugar por donde pasará el Rally Dakar-2014, en la categoría de motocicletas y ‘quads’ o cuatriciclos.

La edición 2014 del Rally Dakar, que comenzará en Chile, cruzará por primera vez el suroeste boliviano y terminará en Argentina, en un recorrido que transcurrirá entre el 5 y el 18 de enero, aunque el trazado final no está totalmente definido.AFP

Fuente: Informe21.com
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El Senado italiano ha aprobado por unanimidad una orden del día que obliga a los ministerios de Agricultura, Ambiente y Sanidad, a adoptar la “cláusula de salvaguardia” respecto a los cultivos transgénicos (OGM). La norma, prevista en 2001 por la Unión Europea (UE), aunque discutida, permite que un país miembro pueda prohibir este tipo de cultivos, aún cuando la normativa comunitaria los haya autorizado.

Italia cultiva en vía experimental solo una hectárea superprotegida de OGM, frente a las más de 100.000 de España, aunque se encuentra con la dificultad de los transgénicos que llegan a través de las importaciones. Otros países de la UE, como Francia, han recurrido a la misma cláusula de salvaguardia, aunque han tenido que enfrentarse con recursos ante la corte de Estrasburgo.

“No necesitamos productos transgénicos”, ha rebatido la Confederación Italiana de Agricultores (CIA), según la que “la cláusula de salvaguardia contra los OGM es esencial para tutelar nuestra agricultura diversificada y de calidad“. La ministra de Agricultura, Nunzia De Girolamo, ha añadido que “la agricultura italiana necesita apoyarse sobre sus aspectos de mayor fuerza y por lo tanto el cultivo de OGM no puede ser de ayuda a nuestro sistema, que se basa en primer lugar sobre la calidad y no la cantidad”.

Mario Capanna, presidente de la fundación Derechos Genéticos, que había presentado formalmente la petición, ha comentado que “el voto favorable de todos los partidos, acoge la voluntad ya expresada por todas las regiones italianas, los productores y consumidores del país“.

El texto aprobado compromete al Gobierno “a potenciar la investigación científica pública y a reforzar la actividad de supervisión y control para evitar la contaminación entre cultivos genéticamente modificados y no, y para controlar la eventual presencia de simientes transgénicas no autorizadas”.

El tema de los OGM sigue siendo fuente de encarnizado debate en Europa, que al contrario de los EEUU adopta normas mucho más rígidas. Aún así, las variedades transgénicas autorizadas en ámbito europeo son pocas y, a excepción de España, algunos países, como Alemania y Francia, tienden a reducir o prohibir su cultivo, como ha sucedido con un tipo de maíz en Alemania, Francia, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Austria y Bulgaria. La República Checa, segundo país europeo después de España, cultiva menos de mil hectáreas.
ROSSEND DOMÈNECH, El Periódico.

Fuente: ECOagricultor

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