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foto-facebook-1-389x292 Consulta indigena

A través de la lectura de un acta de retiro, los representantes de los pueblos originarios dieron a conocer a la opinión pública que la asamblea no llegó a acuerdo con el gobierno sobre el proceso constituyente indígena.

Al finalizar la jornada realizada este 3 de noviembre en Santiago de Chile, la dirigencia indígena críticos al proceso declararon que: “los acuerdos en términos culturales y preexistencia no tienen sentido si no se logra acuerdo en temas relevantes, esto son: territorios ancestrales, consulta, plurinacionalidad, reconocimiento de naciones, consecuente con esto los pueblos originarios nos reservamos el derecho a recurrir a los tribunales de justicia en búsqueda de salvaguardar nuestros derechos”.

Agregaron que “los pueblos solicitaron en varias oportunidades llegar acuerdo con el gobierno, pero no fue posible por la intransigencia de los representantes del Estado”.

Representatividad

Uno de los aspectos cuestionados fue la representatividad con la que se llegó al acuerdo: “También se acuerda dejar sin efecto el acta anterior presentada por el gobierno el día 21 de octubre de 2017, ya que solo el 26 por ciento de la asamblea firmó esa acta, es decir, solo 38 delegados de 145, sin la presencia del pueblo yagan, kawésqar, quechua”.

Rango constitucional

Asimismo, de manera enfática las y los dirigentes expresaron que, en la asamblea, “los pueblos solicitaron subir en rango Constitucional del Convenio 169 de la OIT en su integridad y la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, además de la plurinacionalidad. Los antecedentes entregados fueron políticos, jurídicos, históricos, en función al marco jurídico internacional”.

Finalmente expresaron que “como pueblos originarios pensamos que el Estado y el gobierno han perdido una gran oportunidad de haber generado un acuerdo histórico con las naciones originarios de estos territorios, lo anterior hubiera sido la posibilidad de terminar con años de injusticia, pero este gobierno no se atrevió hacerlo. El gobierno dijo delante toda la asamblea: que termina el diálogo porque no podía darnos nada más”.

Cuestionamientos

El proceso constituyente no solo fue cuestionado por sus materias de fondo, sino que también en la forma en que se llevó a cabo el proceso, participación y representatividad.

Tal es el caso de Arica y Parinacota, que enviaron al ministro de Desarrollo Social un pronunciamiento donde solicitaban ampliar la representatividad de la Región “para garantizar la voluntad expresada por las organizaciones de Putre y de Arica que en el diálogo nacional fueron excluidas”, sin embargo, al no obtener respuesta, el pueblo aymara se suma al rechazo acordado por los pueblos, ya que en la jornada de este 3 de noviembre no participaron representantes territoriales y electos quienes fueron garantes de la propuesta consensuada.

En Iquique, llegaron hasta el frontis de la Intendencia regional de Tarapacá, donde declararon públicamente su rechazo al proceso impulsado por el gobierno. “Denunciamos que este proceso estuvo viciado desde su inicio, ya que el Estado no garantizó a nuestros pueblos asesoría de confianza desde el comienzo de la consulta, no respetó los tiempos necesarios para desarrollar cada etapa y obstaculizó constantemente el diálogo, al imponer tiempos, metodología, procedimientos, recursos, etcétera, inapropiados y de forma unilateral. En Resumen, el Estado de Chile no ha garantizado las condiciones mínimas para que nuestros pueblos puedan incidir realmente en esta medida”.

También manifestaron “la total falta de difusión y convocatoria a este proceso, ya que el Estado ha generado una deficiente participación, con la finalidad de que acudieran principalmente aquellas personas invitadas a dedo, a quienes se les puede llamar alinea}dos(as)políticos(as), operadores(as) políticos(as), o simplemente utilizados(as) políticamente, con la finalidad de asegurar que la consulta culminara a satisfacción del Estado, pero en contra de los derechos de nuestros pueblos originarios”.

 Fuente: El Ciudadano
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en América, el cual describe las diferentes formas de discriminación que afectan a su población, en función de diversas facetas de su identidad. Asimismo, analiza cómo esta situación acentúa su exposición a la violencia y obstaculiza su acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.

A través de este informe, además, la CIDH establece principios rectores que deben guiar la acción de los Estados para prevenir y abordar todas las violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres indígenas en el continente, desde una perspectiva holística, de género e intercultural.

En razón de su identidad multidimensional, señala el documento, las mujeres indígenas están expuestas a una intersección de formas de discriminación basadas en su identidad cultural, sexo y género, entre otros factores, tanto fuera como dentro de sus propias comunidades, o como resultado de los remanentes históricos y estructurales del colonialismo. La intersección de estas fuentes de discriminación crea capas superpuestas de violaciones de derechos humanos que se refuerzan mutuamente.

Así, esta discriminación les genera obstáculos para el goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y para su acceso a la justicia. Además, se agrega que las mujeres indígenas aún encuentran muy pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, y presentan dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y/o educación, acceso limitado a programas y servicios sociales, y escaso espacio para participación en procesos políticos.

Finalmente, el informe recomendó a los Estados que, al elaborar y aplicar medidas para asegurar que se respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas, adopten un enfoque holístico para abordar las formas múltiples e interconectadas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en diferentes contextos, así como para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar todas las formas de violencia en su contra.

Este enfoque debe tener en cuenta el sexo, el género y la cosmovisión de las mujeres indígenas, así como los antecedentes de racismo y discriminación que han sufrido. Los Estados deben guiarse en base a los principios de igualdad y no discriminación y tener como base el derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación y a la identidad cultural.

Ver el Informe Aquí

Fuente: El Ciudadano

Abuso de poder, montajes y campañas comunicacionales como fuegos pirotécnicos es lo que promovieron ciertos Fiscales y agentes policiales en el denominado caso Luchsinger Mackay, lo que queda al descubierto al terminarse el juicio y quedar en evidencia la falta de pruebas para inculpar a los 11 imputados mapuche.

 

Este 25 de octubre de 2017 a partir de las 10 de la mañana se dio lectura al fallo en el denominado caso Luchsinger Mackay absolviendo a los 11 imputados, incluyendo a la Machi Francisca Linconao.

Cabe mencionar que la Fiscalía instaló principalmente dos medios de prueba: El testimonio de un supuesto testigo que es un co imputado (Peralino), quien se retractó inmediatamente y acusó presiones y actos indebidos tortuosos; y, por su parte, una geolocalización, es decir un reporte sobre antena de telefonía por comunicaciones telefónicas que implicaba a los imputados y que involucraba a cuatro de ellos en la madrugada del 4 de enero del 2013 en el domicilio de la Machi Linconao desde la dirección que “otorga” una antena desde la telefonía de Movistar, prueba por la cual mantuvo la prisión preventiva durante varios meses.

 

En ese marco, se generaron allanamientos sin fines judiciales, hostigamientos, apremios ilegítimos y medidas intrusivas de investigación sin control  fueron partes de las operaciones implementadas por agentes  policiales bajo los planes de Fiscales, incluyendo el absurdo montaje que fue objeto la Machi Linconao y que arroja ya años de persecución y prisión contra personas mapuche.

 

Los absueltos y liberados son: Francisca Linconao Huircapan, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, José Arturo Cordova Tránsito, José Manuel Peralino Huinca, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel y Luis Tralcal Quidel.

VER VEREDICTO TRIBUNAL

VER VIDEO ALEGATOS CLAUSURA CASO LUCHSINGER MACKAY

fuente: Mapuexpress

Por Leyla Noriega

Con el fin de visibilizar su demanda al gobierno de Chile para que revoque el Decreto Exento № 215 del Ministerio de Bienes Nacionales, que destina un “inmueble fiscal” de casi 9 mil hectáreas ubicadas en el territorio ancestral para la “instrucción y entrenamiento de la VI División del Ejército”, la comunidad de Socoroma se manifestó pacíficamente desde el Mirador de Copaquilla hasta la entrada pampa Campanane.

Desde muy temprano, el 21 de octubre, comuneras y comuneros de Socoroma se trasladaron hasta el mirador de Copaquilla ubicado a aproximadamente 100 kilómetros de Arica, con carteles y banderas negras en sus manos, mujeres, adultos mayores, familias y personas solidarias, protestaron en la ruta internacional 11Ch.

Rodeados de Carabineros, por casi una hora las personas caminaron hasta el territorio que el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Bienes Nacionales entregó en julio del 2017 al Ejercito de Chile dos lotes ubicados en pampa Campanane, comuna de Arica: uno de 5704,16 hectáreas y el segundo de algo más de 3007,20 hectáreas.

Dicha destinación se realizó en el marco del acuerdo denominado “Acta de Chena 4”, suscrito en octubre de 2016, entre los ministerios de Bienes Nacionales y Defensa, y el Ejército, donde las fuerzas armadas hacen traspaso de 168 mil hectáreas, entre los cuales hay sitios vinculados a la violación de los Derechos Humanos en dictadura, y a su vez, BB.NN. destina inmuebles fiscales al Ejército para cumplimiento de sus fines propios.

Defensa

“La comunidad de Socoroma rechaza la determinación unilateral del gobierno al otorgar tierras indígenas al Ejército. Lucharemos hasta las últimas consecuencias”, dijo Irenia Marca, secretaria de la comunidad indígena aymara de Socoroma.

“Nuestra gente es respetuosa y queremos que se nos respete del mismo modo no politizando nuestro movimiento”, agregó la dirigente territorial.

Territorio

A través de un comunicado público dado a conocer a través de las redes sociales y medios de comunicación, la comunidad expresó que “existe suficiente evidencia histórica, etnográfica y judicial que respalda la reivindicación de ese territorio por parte de la Comunidad, cuyos antecedentes jurídicos están presentes en los años 1750, 1772, 1787 y 1893”.

Agregan que “la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a través de su Fondo de Tierras, desde 2015 inició un proceso para entregar a la Comunidad de Chucuruma certidumbre jurídica de la propiedad de la totalidad del territorio que históricamente ha poseído, en el que la comunidad ha participado activamente aportando todos los antecedentes documentales de que dispone, así como la información sobre la usos y costumbres propias del pueblo aymara requerida para su demarcación”.

Explican que la Ley 19.253 dispone la acción conjunta entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para regularizar la propiedad de las comunidades aymara, “por lo que resulta incomprensible que ambos órganos del Estado en un mismo período no hayan establecido las coordinaciones necesarias para resguardar los derechos territoriales de la comunidad”.

Consulta indígena

En la declaración pública,  argumentan que “el acto administrativo a través del cual se decreta la destinación, por afectar de manera directa los intereses de una comunidad indígena, no solo debía ser sometido a consulta previa según las disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independiente, ratificado por Chile en 2008, sino que debía contar con el consentimiento libre, pleno e informado de la comunidad, tal como dispone el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

“Parece un contrasentido que, al mismo tiempo que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet implementa un proceso de Consulta Constituyente Indígena para definir un nuevo marco institucional de la relación entre Estado de Chile y los pueblos originarios, el Ministerio de Bienes Nacionales adopte medidas que conculcan nuestros derechos sobre las tierras y territorios que históricamente hemos poseído, pues son éstos la base de nuestra existencia y de nuestra cultura”, añaden las y los socoromeños.

Finalmente declaran que el pueblo aymara es amante de la paz “y aspiramos a vivir en armonía y equilibrio con la Pachamama, los mallku, uywiris y achachilas, bajo los principios del Suma Qamaña, por lo que no podemos aceptar que nuestros territorios continúen siendo entregados a instituciones militares, incluso con fines de instrucción”.

Por lo que la Comunidad Aymara de Socoroma demanda que el Ministerio de Bienes Nacionales revoque el acto administrativo que los despoja de parte de su territorio y que se adopten todas las medidas necesarias, con la participación de las comunidades aymara, para prevenir que situaciones similares a las descritas vuelvan a ocurrir.

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Ante el asesinato de Luis Marileo Cariqueo (24 años) y Patricio González Guajardo (23 años), el brutal allanamiento policial que sufrieron niños y niñas de la Escuela G-816 de Temucuicui (Región de la Araucanía, Chile) el día 14 de junio de 2017 y frente a la violencia policial sistemática contra comunidades mapuche que impulsan procesos de recuperación y defensa territorial, los profesores y profesoras, estudiantes, activistas, profesionales e integrantes de organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto internacional venimos a expresar lo siguiente:

  1. Rechazamos enérgicamente que el crimen de Luis Marileo y Patricio González sea calificado como acción de “legítima defensa” frente a supuestos actos “delictuales” o “terroristas” mapuche. El asesinato debe ser contextualizado en la incapacidad que el Estado chileno, la clase política y los gobiernos democráticos han tenido en generar las condiciones para una resolución política a las legítimas demandas del pueblo mapuche por recuperar su territorio y derecho a la autodeterminación. De igual forma, la llamada “legítima defensa” y “paz” que pregonan organizaciones de latifundistas en la Región de la Araucanía, lo que busca es cercenar derechos al pueblo mapuche y acentuar la violencia contra líderes, comunidades y organizaciones que protagonizan procesos de reclamación territorial en el marco de la construcción de autonomías y reparaciones históricas frente al despojo.
  2. Repudiamos con indignación la violencia policial que sufrieron los niños y niñas de la Escuela G-816 de Temucuicui, quienes producto de los gases lacrimógenos expulsados por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, debieron huir del lugar asfixiados y atemorizados. Estos acontecimientos no constituyen efectos colaterales del actuar policial, por el contrario, son parte de una estrategia política estatal que mediante la violencia focalizada hacia niños, jóvenes, mujeres y ancianos, pretende infundir terror y desmovilizar a actores que son fundamentales para la reproducción y proyección autónoma de la vida social, política y cultural mapuche.

Esta estrategia de golpear, amedrentar y violentar a niños y niñas, es común en el   despliegue de las Guerras de Baja Intensidad (GBI), pero también representa la continuidad de los castigos, la violencia simbólica y los secuestros vividos por generaciones mapuche en las escuelas misionales, estatales e internados durante el siglo XX, como parte de una política estatal de exterminio legitimada en las ideas de “progreso” y “civilización”. La continuidad de esta violencia en nuestros días, justificada en discursos de seguridad nacional, no hace más que aumentar la rabia acumulada producto de una historia larga de violencia y despojos coloniales

  1. Los asesinatos de Alex Lemún (2002), Julio Huentecura (2004), Zenón Díaz Necul (2005), José Huenante (2005), Matías Catrileo (2008), Jaime Mendoza Collío (2009), Rodrigo Melinao Lican (2013), Macarena Valdés (2016) Luis Marileo y Patricio González (2017), así como la sistemática criminalización y violación de los derechos humanos mapuche durante el contexto democrático post-dictatorial chileno, no constituyen eventos aislados. Se explican por un Estado de Ocupación Colonial que se forjó a raíz de la ocupación militar de la Araucanía y la violenta colonización de la Fütawillimapu en los siglos XIX y XX. Esta estructura colonial profunda, instalada en la organización política del Estado, los procesos territoriales, la economía, la desigualdad estructural en Chile y enquistada en las prácticas cotidianas mediadas por el racismo, en el actual contexto neoliberal se agrava con la violencia que el capital extractivo (forestal, minero, acuícola, hidroeléctrico, etc.) y la economía de activos ejerce sobre el territorio histórico mapuche, las vidas humanas y no humanas que en éste habitan. Es por ello que la defensa mapuche del territorio, es ante todo una defensa y lucha por la vida de todas y todos.
  1. La violencia que vive el pueblo mapuche en la actualidad, al no restringirse a una coyuntura exclusiva de los gobiernos democráticos, sino a un problema histórico de profunda complejidad que permea distintos campos de la vida, entre ellos la academia, los trabajadores, los estudiantes, pobladores, inmigrantes y organizaciones sociales diversas, requiere de pronunciamientos y alianzas para generar un cambio estructural de las relaciones de poder en Chile.
  1. Consideramos que las posibilidades de resolución del conflicto que el Estado y el gran capital mantiene con el pueblo mapuche, necesariamente deberán considerar la complejidad y magnitud de los procesos históricos, socioeconómicos, políticos e ideológicos que connotan el Estado de Ocupación Colonial. Para ello, el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, la restitución territorial, el freno al capital extractivo, la desmilitarización de las comunidades, la libertad a los presos políticos, el cese a la criminalización, así como la justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y el presente contra el pueblo mapuche, debieran situarse como parte de una plataforma básica desde la cual establecer una negociación política.

 

Junio de 2017

  1. Claudio Merino Jara. Universidad de Los Lagos
  2. Héctor Nahuelpán Moreno. Comunidad de Historia Mapuche, Universidad de Los Lagos.
  3. Carolina Carillanca. Universidad de Los Lagos
  4. Patrick Puigmal. Universidad de Los Lagos
  5. Víctor Hugo Venegas Giacomozzi. Universidad de Los Lagos
  6. Hernán Delgado. Universidad de Los Lagos
  7. Paola Norambuena Urrutia. Universidad de Los Lagos
  8. Martín Quintana Elgueta. Universidad de Los Lagos
  9. Silvia Retamal Cisterna. Universidad de Los Lagos
  10. Pedro Fuenzalida Rodríguez. Universidad de Los Lagos
  11. Amilcar Forno Sparosvich. Universidad de Los Lagos
  12. Cristian Tejeda. Universidad de Los Lagos
  13. Claudia Millan Rute. Universidad de Los Lagos
  14. Fernando Patricio Codoceo Ortiz. Universidad de Los Lagos.
  15. Gabriel Cárdenas Carrasco. Universidad de Los Lagos.
  16. Red de Acción e Investigación Anti-Racista de las Américas (RAIAR)
  17. Colectivo para Eliminar el Racismo en México (COPERA)
  18. Comunidad de Historia Mapuche
  19. Sindicato Nº 1 de Trabajadores de la Universidad Viña del Mar
  20. Eduardo Restrepo. Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
  21. Xochitl Leyva Solano. RETOS/CIESAS/GT CUTER (Chiapas, México)
  22. Irma Alicia Velásquez Nimatuj. Investigadora independiente. Guatemala
  23. Pablo Mamani Ramírez. Nación Aymara Qullasuyu/Bolivia
  24. Rosalva Aída Hernández Castillo. CIESAS (México DF)
  25. Emiko Saldivar. Universidad de California-Santa Bárbara (Estados Unidos)
  26. Charo Mina-Rojas. Proceso de Comunidades Negras en Colombia-PCN
  27. Aura Cumes. Comunidad de Estudios Mayas.
  28. Luis Cárcamo-Huechante. Comunidad de Historia Mapuche, Universidad de Texas en Austin.
  29. André Menard. Departamento de Antropología, Universidad de Chile.
  30. Patricia Viera Bravo. Universidad Nacional Autónoma de México
  31. Tomás Catepillán. Comunidad de Historia Mapuche.
  32. Jorge Iván Vergara. Universidad de Concepción.
  33. Emilio del Valle Escalante. Maya K’iche’, Guatemala. Universidad de Carolina de Norte en Chapell Hill.
  34. Ximena Cuadra Montoya. Universidad de Québec en Montréal (Canadá)
  35. Pamela Calla. Universidad de Nueva York
  36. Juliet Hooker, Universidad de Texas en Austin
  37. Charles R. Hale. Universidad de Texas en Austin.
  38. Luciane O. Rocha. Universidad de Manchester.
  39. Kathryn Lehman. Universidad de Auckland (Nueva Zelanda)
  40. Pablo Martínez Riquelme. Universidad de La Frontera
  41. Rigoberto Ajcalon Choy. Investigador Maya (Guatemala).
  42. Jorge Alonso. Cátedra Jorge Alonso, Universidad de Guadalajara y CIESAS (México)
  43. Enrique de la Garza Toledo. DR. en Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México.
  44. María Emilia Tijoux Merino. Académica de la Universidad de Chile
  45. Alberto Harambour. Historiador. Universidad Austral de Chile
  46. Igor Goicovic Donoso. Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.
  47. Jorge Pinto Rodríguez. Universidad de la Frontera, Premio Nacional de Historia 2012
  48. Roberto Morales Urra. Universidad Austral de Chile
  49. Miguel Urrutia Fernández. Departamento de Sociología, Universidad de Chile.
  50. Leila Celis. Université du Québec à Montréal (Canadá)
  51. José Seoane. Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe. UBA (Argentina)
  52. Pedro Canales Tapia. Instituto de Estudios Avanzados. Universidad de Santiago de Chile
  53. Mariano Nagy. Facultad de Filosofía y Letras, UBA. CONICET
  54. Carolina Sade. Universidad de La Frontera
  55. Iris Hernandez Morales. Lastres Abisales
  56. Flor Alveal Riquelme. Lastres Abisales
  57. Marie-Christine Doran. Escuela de Estudios Políticos, Universidad de Otawa.
  58. Ricardo Peñafiel. Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad de Québec en Montréal.
  59. Francisco Carranza Romero. Researcher at Asia-Americas Research Center-Dankook University (South Korea)
  60. Hye Sun Ko. Emeritus Professor, Dankook University (South Korea)
  61. Alberto Díaz Araya. Etnohistoriador, Cs. Históricas y Geográficas. Universidad de Tarapacá
  62. Nusta Carranza Ko. Assistant Professor-Ohio Northern University
  63. Carolina Huerta. Universidad de Auckland
  64. Walescka Pino-Ojeda. Universidad de Auckland
  65. Rommy Morales Olivares. Universidad de Barcelona.
  66. Mara Duer. University of Warwick, UK.
  67. Marcos Ancelovici. Universidad de Québec en Montréal.
  68. Ignacio Reyes Cifuentes. Organización Comunitaria Raíces del Sur
  69. Karin Arroyo Espinoza. Francia
  70. Claudia Molina González. Psicóloga
  71. Gema Rojas Roncagliolo. UAHC-UCSH
  72. Alejandra Flores Carlos. Profesora e investigadora aymara.
  73. Andrea Álvarez Díaz. Universidad de Tarapacá, Sede Iquique
  74. Maite Hernando. CEAM-UACH y Universidad de Wageningen
  75. Francisca Díaz Zúñiga. Magíster en Historia de Chile, USACH. Colegio Monte de Asís
  76. Nicolás Arriagada. Organización Hemisferio Sustentable de la Comuna de Pucón.
  77. Sergio Puebla. Organización Hemisferio Sustentable de la Comuna de Pucón
  78. Gerardo Álvarez. Lingüista, Académico jubilado Universidad de Concepción.
  79. María José Araya. Socióloga, Melipeuko-Chile.
  80. Warmipura, Colectivo de Mujeres Migrantes en Chile
  81. Juan Paulo Huirimilla Oyarzo, Coordinador del Programa de Educación intercultural Bilingüe, Puerto Montt
  82. Ramón Alejandro Munson Vera, Profesor de Historia del Programa de Educación intercultural Bilingue, Puerto Montt.
  83. María Luisa Coliñir Cayuhuan, Asistente social, presidenta asociación indígena “Kume Mogen”.
  84. Fernanda Soler Urzúa, McGill University
  85. Cecilia Salazar. CIDES-UMSA (Bolivia)
  86. Javiera Barandiarán, Universidad de California Santa Barbara
  87. Marie France Labrecque. Departamento de Antropología, Université Laval
  88. Juan López Intzin, Kolektivo Snajtaleltik, Maya-Tseltal de Chiapas, México.
  89. Nelson Castro Flores. Universidad de Viña del Mar
  90. Solidaridad Federación Comunista Libertaria
  91. Juan Porma Oñate, Comunidad de Historia Mapuche
  92. Pablo Vommaro, UBA (Argentina)
  93. Andrea Hain, Psicóloga Social, Comisión Ética Contra la Tortura
  94. Francisca Vergara Pinto. Antropóloga, Universidad de Concepción.
  95. Cristina Oyarzo Varela. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
  96. Bernardo Colipan Filgueira, Poeta mapuche, Maestro en Estudios Latinomericanos (UNAM)
  97. Daniel Ignacio Soto Tancara. Estudiante, Magister en Historia, Universidad de Santiago de Chile –
  98. Fernando Pairican Padilla. Comunidad de Historia Mapuche
  99. Noelia Figueroa Burdiles. Colaboradora Académica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción
  100. Rodrigo Becerra. Mg. en Lingüística, Universidad de Concepción
  101. Manuel Bastias Saavedra. Georg Forster Research Fellow, Alexander von Humboldt Stiftung (Alemania)
  102. Rafael González Romero. Cooperativa de Estudios Históricos y Ciencias Sociales, Cehycso.
  103. Christopher Simpson Botta. Educador de trato directo Sename. Presidente de la Asociación de Funcionarios de Sename “Armetrase”
  104. Mathias Ordenes Delgado. Departamento de Antropología, Universidad Católica de Temuco.
  105. Renato Dinamarca Opazo. Licenciado en historia por la UAHC, Magíster en Historia por la USACH
  106. Vicente Mellado Carrasco. Licenciado en Historia, Universidad de Chile; estudiante magíster en ciencias sociales, Universidad de Chile.
  107. Jaime Navarrete. Magíster en Historia, Universidad de Chile y/o Fundación Miguel Enríquez.
  108. Pablo Artaza Barrios. Universidad de Chile
  109. Yerko Monje Hernández. Universidad Austral de Chile.
  110. Alejandro Javier Cárcamo Mansilla. Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad Libre de Berlín
  111. Dasten Julián Vejar. Académico Universidad Católica de Temuco.
  112. Ana Rubio Poblete. Profesora de Historia y Geografía, estudiante de Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana, IDEA-USACH.
  113. Agrupación Mapuche UCT Mew, mapuche. Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco
  114. Claudia Zapata Silva. Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad de Chile
  115. Andrea Riedemann. Centro de Estudios Indígenas e Interculturales, PUC.
  116. María Soledad Jiménez Morales. Directora Magíster en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Alberto Hurtado
  117. Ximena Sepúlveda. Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado.
  118. Eduardo Gallardo. Lateinamerika Institut, Freie Universität Berlin (Alemania).
  119. Franck Gaudichaud. Universidad Grenoble Alpes (Francia)
  120. Blas Pantel. Universidad Católica de Temuco
  121. Francisco Felipe Cádiz Villarroel. Profwsor de Historia y Geografía Escuela “Héctor Valenzuela Cea” G-562, Villarrica
  122. Yuderkys Espinosa Miñoso, GLEFAS
  123. Juan Ignacio Latorre. Director Centro de ética y Reflexión Social. Universidad Alberto Hurtado
  124. Juan Ignacio Cordero Pérez. Historiador
  125. Alexander Panez Pinto. Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades (LEMTO), Universidade Federal Fluminense, Brasil
  126. Gastón Guzmán. Antropólogo. Profesor de Historia y Geografía. Magíster en Historia (USACH)
  127. Consuelo Iranzo. Dra. en Sociología del Trabajo, Prof.-investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela. Directora de la revista Cuadernos del Cendes.
  128. Eduardo Garin Abarzúa. Profesor de historia y estudiante magíster en historia USACH. Preuniversitario Clotario Blest.
  129. Felipe Marchant Fuentes. sociólogo, miembro del Grupo de Estudios del Trabajo desde el Sur.
  130. Giuliana Fumagalli. miembro sindicato de los obreros y las obreras del correo CUPW (Canadá)‎.
  131. Iván Pincheira. Universidad de Chile
  132. Iván Silva Gatta. Estudiante de Magíster en Historia – USACH
  133. Jorge Campos. Antropólogo. Estudiante Magíster en Paleontología. Universidad Austral de Chile
  134. José María Ripalda Crespo. Catedrático jubilado de Historia de la Filosofía moderna y contemporánea, Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid, España).
  135. Katherine Fernández Apablaza. Profesora en Enseñanza Media de Historia y Ciencias Sociales, Licenciada en Historia, Licenciada en Educación. Estudiante de Magister en Historia en la USACH.
  136. Mariano Estrada. Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas CLACPI, Palenque, Chiapas, México.
  137. Osvaldo Blanco. Sociólogo. Doctor © Sociología. Universidad Alberto Hurtado.
  138. Sonia Jara Vilugrón, Radio Comunitaria de Malalhue.
  139. Teresa del Pozo. Longueuil, Canadá.
  140. Valeria Bahamonde Harvez. Kinesióloga
  141. Ximena Valdés Subercaseaux. Directora CEDEM; docente Escuela Geografía UAHC, Geógrafa, Doctora Estudios Americanos USACH.

Paula Vidal Molina. FACSO. Universidad de Ch

Silvia_Rivera_Cusicanqui

Entrevista a la socióloga y activista Silvia Rivera Cusicanqui que desde su estudio y práctica cotidiana de la filosofía aymara reflexiona sobre varios temas.

Radio Somos Sur, 7 de mayo de 2017

Duración: 29 min.

ESCUCHA EL AUDIO, visitando el enlace:

SOMOSSUR.NET- SILVIA RIVERA 

 

Claudia Huaquimilla, la primera cineasta  mapuche, estrenará el próximo jueves “Mala junta“, la cinta con la que debuta en la gran pantalla y con la que pretende “remover corazones”, según apunta la joven realizadora.

“Mi cine es así, intento que haya un sentimiento. Muchas veces automatizamos cosas, convertimos a las personas en cifras. Yo, más que conciencias, apelo a remover corazones”, explica Huaiquimilla en una entrevista con EFE.

La película se desarrolla en el sur de Chile -donde habitan mayoritariamente los mapuches-, y cuenta la historia de Tano, un chico conflictivo, a punto de ser internado en el Servicio Nacional de Menores y cuya vida cambia cuando conoce a Cheo, un niño mapuche.

A lo largo de la hora y media que dura el largometraje, Huaquimilla aborda con compromiso y conocimiento de causa dos temas espinosos para la sociedad chilena: la discriminación y la represión que sufren los mapuches y la frágil situación de los menores bajo tutela del Estado.

“En Chile hay cosas que la prensa solamente trata desde un punto de vista. Es necesario humanizar este tipo de conflictos. La idea es que con esta película se vayan viendo causas como esta, porque muchas de las situaciones violentas que se dan vienen por la frustración y la poca integración”, indica.

subir Retorno a las raíces

Huaiquimilla detalla que la película es una búsqueda de las raíces, del sitio donde una persona crece, aunque toda la cinta esté presidida por la rabia.

“Siento que estamos muy frustrados. Por mucho tiempo se vivió en silencio y desde hace poco siento que el ciudadano está empezando a despertar, a exigir, a gritar un poco más, como lo hacen los personajes. Ellos están en silencio hasta que en un momento dado, explotan. Los chilenos también están en eso”, opina.

Por eso espera que la cinta, que usa el lenguaje del abandono y la violencia, produzca un cambio social y humano en los espectadores que acudan a las veinticinco salas repartidas por las ciudades de Santiago, Valdivia y Temuco que proyectarán el largometraje.

Pero antes de que la película consiguiera ver la luz y triunfar en certámenes como el Festival Latinoamericano de Toulouse (Francia) o el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México), la directora tuvo que sufrir discriminación por ser mujer, joven, mapuche y de clase baja.

“Al principio no me lo cuestioné, pero ahora, mirando hacia atrás, creo que todo esto sí me restó. En Chile, hacer una película es muy difícil si no tienes un apellido con contactos detrás. Creo que mucha gente sintió que una mujer no podía tratar temas políticamente tan duros”, confiesa.

subir Discriminación hacia lo mapuche

Ser mapuche también fue un inconveniente a la hora de sacar adelante el largometraje, pero luego las raíces de Huaiquimilla terminaron convirtiéndose en un elemento básico para entender la película.

“Mi origen mapuche tiene mucha relación con el lenguaje audiovisual, porque somos un pueblo que tiene una larga trayectoria de historias con un ritmo más pausado, más contemplativo”, asegura.

Precisamente, una de las características de “Mala junta” es la valentía con que la directora aborda las realidades de colectivos desfavorecidos.

“Al haber vivido muchas circunstancias como mujer, como joven mapuche e incluso como hija conflictiva, tomo partido por todos aquellos que no nos sentimos parte del país que se construye y buscamos un lugar al que pertenecer”, aclara.

Conseguir financiación fue otro de los grandes escollos que tuvo que superar Huiaquimilla para que la cinta se pudiese terminar, aunque reconoce que esta circunstancia le acabó reportando cosas buenas.

“La carencia genera otro tipo de lealtades. No teníamos dinero para pagar extras y participaron mis amigos, mi familia, mi comunidad. Todos creían que políticamente era muy necesario hacer esta película”, relata.

La joven directora reconoce que hubo momentos en los que las estrecheces económicas le hicieron perder la fe en su propio proyecto. Por eso, para su próxima iniciativa, intentará contar antes con la suficiente financiación.

“Una siempre dice que en estas condiciones, nunca más, pero quizá la próxima vez lo haga igual. Ha sido un proceso que desgasta mucho. El público se entera de tus triunfos, pero no de cuántas veces nos cerraron las puertas. Ahora tenemos que disfrutar de que la gente reivindique la película”, concluye.
Fuente: Cooperativa.cl